El TSJA anula la sanción de 1.500 euros impuesta al exportavoz del PP en Garrucha por recurrir la privatización del agua
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso presentado por Juan Francisco Fernández, exportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Garrucha, y ha anulado la multa de 1.500 euros que le fue impuesta en 2022 por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA).
La sanción se originó a raíz de un recurso interpuesto por Fernández contra el acuerdo plenario que adjudicaba la concesión de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio, promovida durante el mandato de la alcaldesa socialista María Antonia López. El TARCJA consideró entonces que dicho recurso se había presentado con "temeridad" y "mala fe", lo que motivó la imposición de la multa a instancia del Ayuntamiento.
La sentencia del TSJA, que no entra en el fondo del asunto relativo al contrato de agua, declara nula la sanción por un vicio procedimental esencial: la indefensión causada al recurrente al no habérsele permitido formular alegaciones antes de que la multa adquiriera firmeza. Además, el fallo condena al Ayuntamiento de Garrucha al pago de las costas judiciales.
Desde el PSOE local han recordado que la multa fue impuesta por la Junta de Andalucía debido a la "multitud de escritos presentados sin pies ni cabeza" por el entonces portavoz popular, en referencia a su oposición a la privatización del servicio de agua.
Por su parte, Juan Francisco Fernández ha valorado positivamente la resolución judicial, al considerar que reconoce el derecho de un representante político a ejercer su labor de oposición frente a decisiones que, a su juicio, perjudican los intereses de los vecinos y comprometen el futuro del municipio.
El caso pone de manifiesto las tensiones políticas generadas en torno a la gestión privatizada del agua en Garrucha, un debate que ha marcado parte del mandato municipal en años anteriores.
