Vecinos de Vera se concentran ante los juzgados para exigir justicia por Lucca, el niño asesinado en Garrucha
Un grupo de alrededor de treinta vecinos procedentes de Vera, Garrucha y municipios cercanos como Turre, Antas y Los Gallardos se ha manifestado este miércoles por la mañana frente al Juzgado de Vera para reclamar justicia por Lucca, el niño de cuatro años asesinado el pasado 3 de diciembre en Garrucha, y para denunciar presuntos fallos en los mecanismos de protección infantil.
La concentración, convocada de forma anónima a través de redes sociales bajo el lema «Justicia para Lucca», ha transcurrido de manera pacífica y ha contado con la presencia de agentes de la Guardia Civil. Los asistentes han criticado la inacción de diversas instituciones –Guardia Civil, servicios sociales y el centro educativo al que asistía el menor– ante señales evidentes de maltrato tanto en el niño como en su madre, Bárbara. Asimismo, han reprochado a algunos vecinos que, siendo testigos de episodios de malos tratos, optaron por grabarlos sin intervenir ni formular denuncia.
Los organizadores han expresado su perplejidad por el hecho de que la pareja sentimental de la madre, sobre la que pesaba una orden de alejamiento respecto al menor y a la propia mujer, continuara conviviendo con ellos. Ningún familiar directo del pequeño ha participado en la protesta, cuyo principal objetivo ha sido demandar una mayor implicación de las autoridades y administraciones para reforzar la protección de la infancia y prevenir tragedias similares.
El caso, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera, mantiene en prisión provisional a la madre del niño y a su pareja, investigados por presuntos delitos de asesinato y maltrato habitual. La muerte de Lucca, confirmada como violenta tras la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de Almería, ha generado una profunda conmoción en la comarca del Levante almeriense, con anteriores actos de repulsa y minutos de silencio en Garrucha y otras localidades.
Esta manifestación se suma a la indignación ciudadana expresada en las últimas semanas, en un contexto en el que diversas fuentes han señalado la existencia de denuncias previas por parte de familiares que no prosperaron, así como indicios de maltrato continuado ignorados por los protocolos de protección.
