Patricia Ramírez denuncia la falta de pago efectivo de la indemnización mientras Ana Julia Quezada percibe ingresos en prisión
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en 2018 en Níjar, ha expresado públicamente su indignación tras conocerse que la Audiencia Provincial de Almería ha denegado el recurso presentado por Ana Julia Quezada y ha ordenado el embargo de sus bienes penitenciarios para satisfacer la responsabilidad civil pendiente.
En declaraciones a medios locales, Ramírez ha criticado que, siete años después de los hechos, la familia solo ha recibido menos de 250 euros de la indemnización fijada en 500.000 euros por daño moral (250.000 para cada progenitor), más los 200.203 euros correspondientes a los gastos de búsqueda asumidos por el Estado. Mientras tanto, Quezada –condenada a prisión permanente revisable– continúa percibiendo retribuciones por trabajos realizados en el centro penitenciario, ingresos que, según la resolución judicial, deberán destinarse ahora a las víctimas.
La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia, declara firme la obligación de pago y autoriza el embargo de cualquier excedente sobre el Salario Mínimo Interprofesional que la condenada pueda acumular, así como de pensiones o bienes externos. El tribunal también solicita información detallada al centro penitenciario sobre remuneraciones laborales y ahorros de la interna.
Ramírez ha valorado positivamente el avance judicial, que considera un paso hacia la protección efectiva de los derechos de las víctimas, aunque lamenta la lentitud del proceso. La familia ha anunciado que solicitará todas las medidas posibles para evitar demoras similares en el futuro.
El caso, que conmocionó a la sociedad española en 2018, mantiene su vigencia como ejemplo de las dificultades que enfrentan las víctimas en la ejecución de responsabilidades civiles derivadas de delitos graves.
