Solo apreté su barriga porque tenía gases": la defensa del acusado de matar a Lucca ahora alega un ritual fallido
El caso que sacudió a Garrucha y a toda Almería sigue destapando capas de horror y desconcierto. Lucca, el niño de cuatro años cuyo cuerpo sin vida apareció el 3 de diciembre en un viejo búnker de hormigón junto a la playa, sufrió una muerte que los forenses califican como brutal: desgarro hepático, politraumatismo abdominal y shock hipovolémico. En palabras menos técnicas: le destrozaron el hígado a golpes y se desangró internamente. También hay constancia forense de agresión sexual.
Ahora, semanas después de que la Guardia Civil detuviera a su madre, Bárbara B.O. (21 años, venezolana, embarazada de cinco meses), y a la pareja de esta, Juan David R.C. (25 años, también venezolano), la investigación judicial da un giro que muchos califican de desesperado: la defensa del presunto agresor solicita al juez que considere que Lucca pudo morir durante un "ritual de sanación fallido", no por una agresión intencional.
La versión del acusado: gases, torpeza y miedo
Juan David ha declarado ante la instructora del Tribunal de Instancia número 3 de Vera negando tajantemente cualquier agresión sexual al menor. Su abogado, Manuel Martínez Amate, explica que su cliente sostiene que Lucca tenía "molestias estomacales" aquella mañana del 3 de diciembre, y que por eso le presionó el abdomen. Según esta versión, el niño era "torpe" y "se caía con facilidad", lo que explicaría los múltiples moratones y lesiones documentados previamente.
Cuando el menor empeoró —siempre según el acusado—, llamó a Bárbara, que trabajaba en un chiringuito cercano. Ella volvió a casa y ambos, al comprobar que Lucca no respondía, no avisaron al 112. ¿Por qué? Juan David alega "miedo": tenía una orden de alejamiento vigente desde el 20 de octubre que le prohibía acercarse tanto a la madre como al niño. Esa orden se había dictado tras un episodio previo de violencia doméstica en el que, según consta, el propio acusado fracturó un brazo a Lucca.
En lugar de llamar a emergencias, ambos cargaron el cuerpo sin vida del pequeño y lo llevaron andando hasta un búnker abandonado en la playa, donde lo dejaron junto a una vela blanca encendida. Horas después, cuando el abuelo materno alertó de la desaparición y se organizó un dispositivo de búsqueda, la Guardia Civil encontró el cadáver pasadas las 11 de la noche.
El giro de la defensa: ¿santería o estrategia judicial?
Ahora, el equipo jurídico de Juan David ha presentado un escrito solicitando nuevas periciales. Su argumento: las lesiones del niño podrían ser compatibles con "maniobras de compresión mecánica rítmica o sostenida" asociadas a rituales de santería o prácticas pseudoterapéuticas. La defensa pide un análisis toxicológico ampliado y una pericial antropológica para determinar si Lucca estaba siendo sometido a "terapias alternativas" por curanderos.
Los abogados se remiten incluso al caso de un bebé que murió en Almería en abril tras una circuncisión clandestina, investigado como imprudencia y no como asesinato. Su objetivo: recalificar los hechos de asesinato a homicidio imprudente, lo que reduciría drásticamente la pena.
El atestado policial, efectivamente, recoge menciones a "agua bendita" y elementos espirituales en el entorno de Bárbara y Juan David. Pero los investigadores —y el propio auto judicial que decretó prisión provisional— dejan claro que el pequeño sufrió maltrato habitual durante meses, no un episodio aislado vinculado a ninguna creencia religiosa.
Las señales que nadie quiso ver
Lo más devastador del caso de Lucca no es solo su muerte, sino la cadena de alertas ignoradas. Su tía-abuela acudió al cuartel de la Guardia Civil días antes mostrando fotos de moratones en la sien del niño. No se tramitó denuncia formal porque no había parte médico ni la madre denunciaba. El pequeño iba al colegio con hematomas visibles; en una ocasión, con el brazo en cabestrillo. Nadie activó los protocolos de protección infantil.
Servicios Sociales tenía programada una visita domiciliaria para el 4 de diciembre. Llegaron un día tarde. Fiscalía de Menores ya investigaba el entorno familiar. La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para determinar responsabilidades. El abuelo materno, que ahora ejerce como acusación particular, lo resume con rabia contenida: "Sorprendentemente nadie ha visto nada ni nadie se ha dado cuenta de nada".
Bárbara, que se ha acogido a su derecho a no declarar, estaba presente cuando Lucca murió, según reconoció el propio Juan David ante el juez. Los mensajes de WhatsApp que envió a su familia tras la muerte de su hijo —en los que pide perdón "por no saber cuidar" al niño y se atribuye responsabilidad— forman parte del sumario. Ambos permanecen en prisión provisional sin fianza, acusados de asesinato y maltrato habitual.
El juicio, cuando llegue, determinará si hubo dolo, imprudencia o algo intermedio. Mientras tanto, Garrucha —un pueblo costero de 8.000 habitantes acostumbrado a vivir del turismo y la tranquilidad— trata de procesar lo incomprensible: cómo un niño de cuatro años pudo morir así, rodeado de adultos que sabían o intuían, pero que no actuaron a tiempo.
